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Orizaba, Veracruz.-    Las más de 150 familias que fueron desalojadas de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios del municipio de Ixtaczoquitlán, por la fuerza pública tras un mandato judicial se manifestaron con una marcha respaldados por    el dirigente de la Alianza de Organizaciones Sociales (AOS) Carlos León Martínez.

Desde temprana hora las familias que fueron desalojadas de sus viviendas donde habitaban desde hace más de 25 años, marcharon de manera pacífica de la colonia Fernando Gutiérrez hasta las oficinas del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Orizaba, para entrevistarse con su señoría Jorge Luis Guevara Cuber, quién les dio a conocer las acciones que llevo a efecto la según propietaria de los lotes, Yolanda Morales Martínez.

León Martínez señaló que la usurera se valió de una serie de tretas para salir victoriosa en el juicio hipotecario 526/2005 así como el de lanzamiento 269/09 promovidos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, quiénes a su vez al conocer de la orden de lanzamiento de manera extraña enviaron el expediente a Orizaba, para darle “legalidad” al juicio.

“Las autoridades judiciales pasaron por alto el Derecho Personal y el Derecho Real, argumentos que están planteados en el Código Civil de Veracruz, los afectados en ningún momento llegaron de invasores en las más de cinco hectáreas que reclamo la señora Yolanda Morales Martínez, que todo momento lo manejo como invasores”, aseveró.

Indicó que una orden de lanzamiento de esta índole sede de estar autorizada por la Subsecretaria de Gobierno del Estado, así como de la propia Secretaría de Seguridad Pública, situación por la cual un juez no puede llevar a efecto el desalojo masivo que se registró en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios el pasado martes, por lo tanto se dio una injusticia social.

Ante ello menciono que buscaran los elementos legales para ayudar a las 150 familias que se encuentran sin el patrimonio que lucharon con tanto sacrificio para obtenerlo, por lo que dijeron que no permitirán que una prestamista que inicio un juicio de embargo precautorio al señor Sabas Robles por más de 180 mil pesos, quiera adjudicarse cinco hectáreas.

Explico que los agraviados jamás tuvieron trato o arreglo, con la según propietaria de los predios, toda vez que estos los adquirieron con el señor Sabas Robles, mismo que les entregó    documentos así como la posesión del lugar, lo que da cuenta de una serie de irregularidades en el proceso judicial.

Agregó que cada una de las personas lanzadas el pasado martes cuenta con un documento, escrito o escritura que los hace propietarios de los lotes, ante esa razón añadió que no descansaran hasta lograr obtener una justicia social y sobre todo que no se viole sus garantías constitucionales y de derecho.

 

 

 

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